Intercambiabilidad de medicamentos en Chile y el lobby dilatorio.

Por Equipo CEPFAR.

Ayer Martes 22 de Enero estaba agendada en la comisión de Salud de la cámara de diputados la discusión de la denominada Ley de fármacos. Más que una nueva ley, este proyecto principalmente contiene un grupo de modificaciones al código sanitario, que buscan entre otros objetivos avanzar en materias como la intercambiabilidad de medicamentos, la prohibición de incentivos a prescriptores y farmacias por parte de los laboratorios, la prescripción en base a la denominación genérica y la disponibilidad de medicamentos de venta directa (OTC) fuera de farmacias, como elemento introductor de competencia a un mercado altamente concentrado.

La discusión y regulación de estas materias son decisiones fundamentales para corregir las importantes distorsiones a las que se ven enfrentados muchos chilenos, ciudadanos afectados hoy por un mercado con bajas posibilidades de elección.

En este complejo escenario  la pérdida de transparencia en casi la totalidad de los actores asociados a los fármacos es aterradora: por un lado el rol del prescriptor se pone en duda por cuanto muchas veces sus recetas se basan en marcas de medicamentos específicas, asociadas a aquellos laboratorios que desarrollan un arduo trabajo de pasillo en las consultas médicas.  En contraparte, se plantea la incertidumbre sobre la calidad e intercambiabilidad de muchos productos farmacéuticos, donde incluso el mismo gremio médico ha expresado la falta de confianza en el efecto de medicamentos que declaran contener lo mismo pero son fabricados por dos agentes diferentes.

Sumado a esto, las farmacias han perdido toda credibilidad frente a la opinión pública, debido al episodio de colusión que todos recordamos, y finalmente, la existencia de la integración vertical entre laboratorios y farmacias (esto es, capitales de farmacias y laboratorios son los mismos) hace que el panorama sea sombrío.

Además de las conocidas nuevas disposiciones de esta Ley de fármacos, el 15 de Enero del 2013, a través del oficio Oficio N°487-360, se introdujo un articulado que permite disponer de aquellos medicamentos de venta directa (o también llamados OTC), fuera de las farmacias, o en góndolas, dentro de ellas. Hacemos este hincapié por que es importante destacar que el hecho de disminuir un intermediario en la venta de ciertos fármacos (en este caso el dependiente de farmacia) elimina al menos un de los factores de distorsión en la accesibilidad de medicamentos, aunque estos medicamentos se sigan vendiendo en farmacias.

La ley de medicamentos OTC es un tema antiguo, originalmente planteada como proyecto de ley por el Ministerio de Economía, fue retirada de la votación hace unos meses en la cámara baja ante un inminente rechazo, por lo que estratégicamente se decidió incorporar como indicación de la nueva ley de fármacos, cambiando la «paternidad» de la medida hacia el ministerio de Salud.

Ya hemos mencionado en otras ocasiones cómo la tendencia mundial indica como favorable el que ciertos fármacos de seguridad comprobada puedan ser expendidos fuera de farmacias (o en gondolas dentro de ellas).  Por otro lado, la propia Fiscalía  Nacional Económica, ha indicado que medidas como la aprobación de la venta de OTC introduce mayor competencia, capacidad de elección y puede ser una medida de hacer frente a los oligopolios que significan las cadenas de farmacia y los problemas de cobertura que ofrece hoy el sistema (hoy en Chile existen más de 50 comunas sin  farmacias).

Sin embargo, sorpresivamente, la agenda de discusión de la comisión de salud fue modificada durante la tarde, cambiando la discusión de la ley de fármacos por el proyecto «elige vivir sano» que originalmente solo se discutiría en la mañana. De hecho, fue el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, el primero en acusar este retiro como efecto de un lobby descarnado por parte de los laboratorios farmacéuticos agrupados en la ASILFA y las ya conocidas acciones de otros grupos de interés que se oponen a estos cambios (léase cadenas de farmacia).

LA CRUZADA CONTRA LA INTERCAMBIABILIDAD : LA NUEVA COLUSIÓN.

No obstante las críticas que se pueden realizar a la forma de implementación de la intercambiabilidad de medicamentos en Chile (de las cuales hemos sido parte), hemos sido testigos de acciones sin precedentes que no buscan mejorar esta política sino que más bien destruirla y sembrar un campo de dudas sobre los medicamentos con el sello «bioequivalente»  propulsado por el gobierno con el fin de construir la imagen en la población sobre la No Intercambiabilidad.

Lo anterior tiene un objetivo bien claro: destruir una política que, bien encaminada,  podría significar un duro golpe a la captura que hoy tienen muchos laboratorios sobre la prescripción médica, a través de la labor de los visitadores médicos y sobre las farmacias, a través de incentivos a los dependientes de farmacia que terminan en el  famoso «cambiazo» frente al consumidor.

Al final de la película entonces, nos quedamos con un paciente sin posibilidades de informarse de alternativas (con mejores precios y en algunos casos con calidad certificada) y preso de actores que accionan en base al beneficio de laboratorios, tanto nacionales como extranjeros.

En un hecho sin precedentes, el día de ayer, horas antes de la discusión parlamenteria, la Asociación de laboratorios ASILFA que agrupa principalmente a laboratorios no innovadores dedicados al nicho de los productos copia o similares publicó un inserto titulado: «Medicamentos Bioequivalentes: Verdades a medias» donde desestimó la política de intercambiabilidad implementada por este gobierno como linea de coherencia de lo desarrollado por gobiernos anteriores dentro de la política nacional de medicamentos.

Este inserto está firmado por los 16 laboratorios asociados a ASILFA, más el laboratorio Recalcine, el que ha asumido el liderazgo en una estrategia comunicacional que busca desestimar la intercambiabilidad.

Esta preocupante campaña de desprestigio incluye una serie de mensajes contrarios a la intercambiabilidad lanzados como eslóganes propios de las campañas del terror y que carecen de todo fundamento y coherencia con los efectos observados en los países donde se ha implementado la intercambiabilidad con éxito.

Un argumento claramente falaz es señalar que, en un contexto de intercambiabilidad, «las farmacias serán las que decidirán el medicamento para el paciente», afirmación  que busca a través de la minimización de la autonomía de pacientes y consumidores el confundir poderosamente a la opinión pública y que denota simplemente su preocupación por una ley que simplemente introducirá mayores niveles de competencia y acceso a la información donde la decisión estará centrada en el paciente principalmente y no en las farmacias.

Además, se ha pretendido instaurar en los medios la dicotomía médico-farmacias, planteando la idea que la única forma de disminuir la influencia de las farmacias en la venta de un determinado medicamento es dándole más poder al médico prescriptor.  Este argumento es extremadamente delicado, por cuanto ya se sabe que son los propios médicos quienes están mayormente influenciados por la industria farmacéutica, y por tanto queda en evidencia que esta protección del poder médico responde a que los laboratorios saben que en ellos tienen la mayor influencia en toda la cadena y que la acción del prescriptor en la principal condicionante de sus ganancias anuales.

Entonces, el panorama se visualiza en la conformación de una nueva forma de colusión, que contempla una intricada red de relaciones, gráficamente evidenciada por la conjunción de diversos operadores, como es el caso del actual gerente general de ASILFA (Sr. Elmer Torres, ver nota adjunta), quién a su vez fue Presidente del Colegio Químico-Farmacéutico y también ocupó altos cargos gerenciales en Farmacias Ahumada.

Esta red tiene por objeto dilatar la implementación de políticas nacionales de intercambiabilidad, y está principalmente conformada por laboratorios que no han cumplido con los plazos de acreditación de bioequivalencia establecidos por la autoridad, con el agraviante que algunos de sus conformantes ni siquiera poseen certificación de buenas prácticas de manufactura como lo hemos señalado anteriormente.

LOS EFECTOS DE UN AVISO EN UN AÑO ELECTORAL.

En un país como el nuestro, donde el lobby y los financiamientos de campañas políticas no son transparentes, este es un aviso intimidante y una señal que no podemos dejar pasar. Un inserto en medios bastó para que se bajara la discusión y produjo que nuestros diputados (específicamente los de la comisión de salud) dedicaran dos sesiones a discutir el proyecto «Elige vivir sano» y se retiraran aproximadamente a las 19:30 hrs para una sesión que tenía como hora de término las 21:00 hrs.

Pese a lo que se pueda pensar, este grupo de laboratorios, representa una cuota importante del mercado nacional y tiene una importante red de interrelaciones a diversos niveles, que ha significado desde el año 2002 (año que se comenzó a hablar de bioequivalencia en Chile) acciones permanentes y dirigidas a dilatar los plazos de cumplimientos exigidos por la autoridad sanitaria.

Por otro lado, como hemos señalado en artículos anteriores, el excesivo voluntarismo del gobierno lo  ha llevado a cometer errores  en la implementación y comunicación de la bioequivalencia, lo ha significado recursos en la Contraloría sobre la forma de proceder y de generación de directrices por parte de la autoridad sanitaria, éstas han sido hábil y rápidamente aprovechadas por grupos de abogados muy influyentes, donde destaca el abogado Sr. Gabriel Zaliasnik (Lab. Recalcine) quien ha logrado impugnar por la vía jurídica diversos alcances relacionados a la implementación de intercambiabilidad.

 EL PODER ECONÓMICO COMO AGENTE LEGISLATIVO.

Lo observado ayer, fue un acto  abierto de influencia mediática y de demostración de poder, por parte de este grupo de laboratorios que nuevamente viene a enrostrarnos a los ciudadanos a pie, que en nuestro país el poder económico se posiciona como el agente legislativo por excelencia, donde ni siquiera el Estado tiene las herramientas ni las competencias-capacidades para poder impulsar agendas de vital importancia para ciudadanía, como son las medidas relacionadas con la accesibilidad de fármacos, en este caso  la intercambiabilidad y la introducción de mayor competencia a un mercado farmacéutico enfermo crónicamente, un mercado donde las interrelaciones -reafirmadas gráficamente  por el aviso de La Segunda- son corporativas, cartelizadas y cooptadoras del poder político.