Cómo la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica afectará la salud de todos

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP, es un tratado de libre comercio multilateral promovido por EEUU, entre 12 países del asia-pacífico. Aborda materias muy sensibles para el bienestar de la población, relacionadas con medicamentos, propiedad intelectual, alimentos, medio ambiente, sistemas de protección de inversiones, finanzas, libre acceso a internet  entre otras materias. Todo lo anterior bajo un modelo de negociación reservado y secreto ante la opinión pública, los parlamentos y la sociedad civil.

Estados Unidos pasa un difícil momento en donde sus capitales de inversión se mueven hacia China debido a los menores costos de producción que ofrece una economía dirigida centralmente, con bajos niveles salariales y de derechos laborales, pero con una tecnología y capital humano con sorprendente capacidad productiva que puede elevar los márgenes y retornos de un capital invertido en dicho país en comparación con EEUU, donde preocupa el bajo crecimiento y las cifras de empleo.

En el campo farmacéutico en particular, el TPP será un refinado mecanismo de protección industrial para dicho sector en Estados Unidos, que debido a las patentes genera ingresos gigantescos. Esta medida se fundamenta como reacción frente al crecimiento de China e India principalmente, donde estos países han logrado hacerse de cuotas de mercado importantes a través de la introducción de medicamentos genéricos y biosimilares que han desplazado a los medicamentos innovadores de la industria farmacéutica de EEUU, especialmente en los países en vías de desarrollo.

Los precios de los nuevos medicamentos resultan inabordables para muchos países en vías de desarrollo debido a sus crecientes costos de producción. Hoy podemos ver el fortalecimiento de los laboratorios de innovación que se constituyen como monopolios legales protegidos por patentes, mecanismo utilizado para asegurar «el retorno justo a la inversión de los innovadores». Sin embargo, al relacionar la  inversión en I+D (inversión y desarrollo) de los laboratorios “top”, se puede constatar que ésta alcanza aproximadamente un 15%, mientras las utilidades llegan a un 18% y el gasto en Marketing y Administración a un 34%, si se expresan en relación a los ingresos.

Debido a esto y a otras consideraciones filosóficas sobre el bien común, este modelo de “innovación” es ampliamente cuestionado, toda vez que las posiciones dominantes de estos productores monopólicos se alcanzan a través de grandes sumas de dinero dirigidas al marketing, lobby para la inclusión de medicamentos en guías clínicas nacionales, financiamiento de speakers, estudios clínicos (muchas veces sesgados) y reemplazo de terapias por nuevos productos de dudoso aporte marginal.

En forma adicional, la investigación actual se dirige hacia los nichos de enfermedades del “primer mundo” como la depresión y las dislipidemias dejando de lado las enfermedades que afectan a los países del sur y del tercer mundo que causan millones de muerte anuales (infecciosas y tropicales). También son objeto de investigación, los denominados medicamentos “me too” que no son nada más que una molécula ya probada con pequeños cambios que genera “un nuevo medicamento” de cuestionable utilidad y escaso aporte terapéutico real.

Es por esto que muchos países como Colombia, Ecuador y Brasil, han cuestionado el modelo de patentes farmacéuticas con decisión y abriendo el camino a la consideración de hacer uso de licencias obligatorias como medida de presión a los altos precios impuestos por los laboratorios.

El problema principal para nuestro país, se relaciona con el abuso de posición dominante de este sector industrial que condiciona el acceso a medicamentos esenciales. Por otro lado, de suscribir el acuerdo TPP, será posible alargar la duración efectiva de las patentes a  través de los segundos usos, estrategia que sin duda levantará nuevas barreras para el ingreso de genéricos al mercado.

En el gran desafío del mundo moderno de generar estrategias para abordar enfermedades complejas como el cáncer, autoinmunes como la esclerosis múltiple y la artritis entre otras puede verse frustrado si se generan mayores barreras de entrada para la entrada de genéricos y biosimilares que ejercen un efecto modulador del precio del medicamento innovador. Como efecto de suscribir el TPP, nuestro sistema sanitario deberá desembolsar cantidades enormes de recursos para acceder a nuevas terapias a precios artificialmente elevados, en desmedro de construir hospitales, contratar médicos o generar políticas de autocuidado, en virtud de la restricción propia de un presupuesto de país en vías de desarrollo.

A modo de ejemplo: el medicamento TRASTUZUMAB, cuya patente expiró el año 2014 (HERCEPTIN de Laboratorio Roche), es un anticuerpo monoclonal de uso en ciertos tipos de cáncer de mama. Su dosis alcanzó un precio cercano a los $3.500 dólares (lo que ha generado millonarios ingresos para Roche) a diferencia de su biosimilar (HERZUMA), que costará entre un 70% a 80% menos que el original. En esta misma línea un estudio realizado por la ONG Políticas Farmacéuticas a principios del año 2015 demostró que el  precio de un medicamento “innovador” en Chile puede llegar a ser 25 veces mayor que el bioequivalente genérico (sin marca) como lo es en el caso de la Atorvastatina.

Entonces, el ser aliado de Estados Unidos en esta pasada (es decir aceptar más y mayores salvaguardas para proteger la propiedad intelectual), puede tener consecuencias negativas en cuanto al acceso a medicamentos, la promoción de genéricos, biosimilares y la optimización de los presupuestos sanitarios para un país como el nuestro, las cuales deben ser equilibradas observando el impacto sanitario y los costos para el sistema.

En este sentido nuestro país debe mantener una línea coherente que se inicia con Frei Montalva y la creación pionera de un gran laboratorio de producción genérica (como lo fue el extinto laboratorio Chile, hoy TEVA), la exigencia de bioequivalencia (como forma de generar sustitutos confiables) y finalmente la Ley para enfermedades de alto costo “Ricarte Soto” la cual verá muy afectada en cuanto a cobertura si la «inflación farmacéutica» aumente a raíz de estos tratados, debido al fortalecimiento de la posición dominante de la “Big Pharma”.

Finalmente, importantes estudios señalan que el aporte de este tratado al crecimiento económico nacional será nulo para algunos sectores específicos, por lo que la pregunta a hacerse es: ¿Por qué suscribir un acuerdo en donde como país tendremos mucho que perder y poco que ganar?

Juan Carlos Almonte. Médico. ONG Médicos Sin Marca.

Juan Pablo Morales. Químico Farmacéutico. ONG Políticas Farmacéuticas.

Artículo publicado en el dínamo: